El Colegio de Enfermeria de Alicante considera que no proporciona seguridad jurídica ni de aseguramiento de la responsabilidad civil e incrementa la carga asistencial enfermera sin los recursos necesarios, entre otros
El pasado 16 de enero de 2026, la Conselleria de Sanidad anunció un cambio estructural en nuestro modelo de Atención Primaria. A través de un nuevo decreto, se busca implantar la denominada «Guía de intervención enfermera en procesos agudos».
A primera vista, podría parecer un paso hacia la autonomía profesional; sin embargo, el Colegio de Enfermería de Alicante ha levantado la voz de alarma. ¿Qué hay realmente detrás de esta medida y cómo afecta tanto a profesionales como a pacientes?
1. Un marco legal «congelado» en el tiempo
Uno de los puntos más críticos es la inseguridad jurídica. La normativa actual sigue anclada en el Estatuto del Personal Sanitario de 1973, un texto totalmente obsoleto para la realidad de 2026.
Al no tratarse de una norma jurídica de obligado cumplimiento, sino de una guía orientativa, los enfermeros y enfermeras se encuentran en un limbo legal. Si algo sale mal, la protección jurídica es, en el mejor de los casos, limitada.
2. El peligro de la «sobrecarga invisible»
La intención declarada es «desburocratizar» las consultas médicas. Pero, ¿a qué precio?
Más carga, mismos recursos: Se añaden nuevas competencias sin aumentar el personal ni los medios.
Abandono de lo esencial: Al centrar el esfuerzo en procesos agudos (urgencias leves o síntomas inmediatos), se descuidan pilares de la enfermería como la prevención y la promoción de la salud.
Diagnósticos provisionales: La Guía exige valoraciones y diagnósticos que no forman parte de los planes de estudio universitarios ni de las competencias legales de la profesión.
3. ¿Quién asume la responsabilidad?
Este es quizás el punto que más preocupa a los profesionales: la responsabilidad civil.
Las aseguradoras son muy claras: solo cubren actuaciones que estén legalmente amparadas. Si un profesional realiza una prescripción o diagnóstico que excede sus competencias —aunque se lo pida una «guía»—, podría enfrentarse en solitario a posibles reclamaciones legales.
Si bien es necesario evolucionar y optimizar la Atención Primaria, esto no puede hacerse a costa de la seguridad del paciente ni de la integridad legal de los profesionales. La enfermería reclama una regulación real, protocolos adecuados y, sobre todo, una apuesta decidida por los recursos humanos.
¿Qué opinas sobre este nuevo decreto? ¿Crees que ayuda a mejorar la atención o es simplemente una forma de parchear la falta de médicos?